Servicios de skip tracing: localización de personas en Estados Unidos

La mayoría de las empresas del sector prometen una de dos cosas: mejores datos o personas reales en lugar de un algoritmo. Ninguna de las dos la puede comprobar quien la lee. Aquí va una tercera, y esta sí se puede comprobar, porque está escrita en leyes que cualquiera puede leer. Un skip tracing es una solicitud con un alcance legal, y ese alcance lo fija la razón por la que usted pregunta. El mismo nombre, en manos de la misma persona de nuestro equipo y la misma tarde, abre un conjunto distinto de registros según llegue acompañado de una citación judicial, una cuenta pendiente, un expediente de sucesión o de nada.

Si usted está notificando una demanda o ejecutando una sentencia, su caso está nombrado en la ley, no argumentado para que encaje. Por eso lo primero que recibimos es un propósito, no un nombre, y eso le importa a usted tanto como a nosotros, porque varias de estas obligaciones recaen sobre quien hace la solicitud, independientemente de la empresa que busca. Según 15 U.S.C. § 1681b(f), la obligación de no obtener un informe de consumidor sin un propósito permitido recae sobre la persona que lo pide. Un proveedor que nunca pregunta el porqué no le está haciendo un favor: está dejando sin atender su parte del riesgo. Sin propósito permitido, no hay búsqueda, y se lo decimos desde el principio.

Un procedimiento judicial es una puerta. El cobro de una cuenta es otra, y pasa por una ley distinta con un marco más estrecho. Cuando realmente interviene un informe de consumidor, 15 U.S.C. § 1681b(a) establece una lista cerrada de propósitos para los que se puede entregar uno, y el cobro de una cuenta está en esa lista, pero solo en los términos que usó el Congreso.

La condición es la parte que los proveedores omiten: el permiso está ligado a una cuenta del consumidor. Alcanza a la persona que abrió la cuenta que usted está cobrando. No se extiende a un demandado por daños, a un heredero perdido, a un testigo o a un pariente del que nadie sabe nada: cada uno de esos casos necesita su propia puerta, que normalmente es el propio procedimiento judicial. Tampoco es la 1681b la norma bajo la que trabajamos: no entregamos informes de consumidor en absoluto, como explica la siguiente sección. Es la regla que decide qué puede entregar legalmente a cualquiera una fuente basada en informes, y justamente por eso la razón de su búsqueda debe quedar establecida antes de buscar, no reconstruida después.

Una tercera puerta no es nuestra, sino de quienes cobran por usted, y contiene la definición federal de lo que entrega una localización. La Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas (Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA) define la información de ubicación en 15 U.S.C. § 1692a(7) como el «lugar de residencia y su número de teléfono en ese lugar, o su lugar de empleo» de un consumidor: una descripción de lo que nosotros entregamos, escrita en la ley. La sección 1692b regula luego cómo un cobrador de deudas puede pedir esa información a terceros: identificarse, buscar solo confirmar o corregir la información de ubicación y no decir que el consumidor debe dinero. El Reglamento F, la norma de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) que la desarrolla en 12 C.F.R. § 1006.10, contiene la misma definición y los mismos límites.

Conviene decir claramente lo que eso significa, porque la cita sin la aclaración sería presumir, no informar: la sección 1692b y el Reglamento F obligan a los cobradores del cliente, no a nuestra empresa. No somos cobradores de deudas, no hacemos contactos de cobranza y esas disposiciones no son la autoridad con la que buscamos. Pero si usted es acreedor o una agencia, deciden qué puede hacer su personal con una dirección en el momento en que se la entregamos, y también explican por qué el producto termina donde termina. Un lugar de residencia, un teléfono en ese lugar, un lugar de empleo. No un saldo, no un historial de pagos, no un juicio sobre la persona.

Algunas puertas permanecen cerradas sea cual sea el caso. Lo que no es una localización, y las cuatro decisiones para las que nunca debe usarse, es el tema de la siguiente sección. Qué permiso abre qué nivel de registros — y por qué el que corresponde a su procedimiento puede llegar más lejos que el ligado a una credencial profesional — se explica puerta por puerta en la página sobre la legalidad del skip tracing (en inglés).

Fuentes de acceso restringido

Las bases de datos que realmente localizan personas — sistemas del sector como Accurint, TLO y CLEAR — solo se venden a usuarios empresariales verificados que contratan un uso permitido y son auditados por ello. Nosotros tenemos ese acceso; un sitio de autoservicio para consumidores no lo tiene, y por eso sus datos suelen ser escasos o estar desactualizados.

Método humano que termina en verificación

Las herramientas devuelven datos; una persona convierte los datos en una respuesta: resuelve el problema de los nombres comunes, pesa registros que se contradicen y sigue el rastro cuando el camino obvio no lleva a ninguna parte. El último paso es el que cuenta: confirmamos que el resultado es la persona correcta y que está actualizado antes de que usted dependa de él.

Una solicitud acotada, no una búsqueda abierta

Todo lo anterior es lo mínimo entre las empresas que hacen esto en serio. Lo que es nuestro es el principio del proceso: la búsqueda se redacta según el propósito que usted indicó, las fuentes son las que ese propósito permite y el expediente dice cuál fue cuál. Eso es lo que hace que el resultado se pueda defender después, cuando el abogado de la otra parte o un examinador pregunte de dónde salió una dirección. Si ese es el estándar que su caso tiene que cumplir, indíquenos el propósito y los datos que ya tiene en el formulario de solicitud y ajustaremos la búsqueda a ellos.